La falta
de avances en la negociación comercial hace necesario más apoyo político
ALICIA
GONZÁLEZ Madrid , EL PAIS (AP)
Negociar un
acuerdo de libre comercio nunca es fácil. Si lo hacen dos potencias comerciales
como Estados Unidos y la Unión Europea, las dificultades crecen. Y si los
apoyos políticos a la negociación flaquean, la negociación puede llegar a
fracasar. No es el caso del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la
Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que negocian Estados Unidos y la
Unión Europea. Todavía.
El Partido
Republicano ya ha advertido que no aprobará ningún acuerdo comercial, empezando
por el acuerdo de asociación con el Pacífico, que negocie la actual
Administración de Estados Unidos si el presidente Barack Obama no hace más
esfuerzos para lograr la Autoridad de Promoción Comercial (TPA por sus siglas
en inglés), por la cual el Congreso solo puede aprobar o rechazar, sin
enmiendas, un acuerdo comercial. “Dada la crítica importancia de la TPA para
asegurar el éxito en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico,
no apoyaremos este acuerdo si se completa antes de que apruebe la Autoridad
Comercial”, advertían esta semana en una carta enviada por los congresistas
republicanos del comité de Comercio al Alto Representante de Comercio de EE UU,
Michael Froman.
En Europa,
la negociación del TTIP fue uno de los primeros asuntos que discutió el nuevo
Parlamento y el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker,
expresó su apoyo a la negociación pero advirtió que “no sacrificaré en el altar
del libre comercio las normas europeas en los ámbitos de la salud, la seguridad
o la protección social y de los datos ni nuestra diversidad cultural”,
garantizó ante la Cámara.
La sexta
ronda de negociaciones ha tenido lugar esta semana en Bruselas, con escasos
avances concretos. Pero las delegaciones negociadoras mantienen el optimismo. “Estamos
en un momento de transición importante en la negociación. La fase de
preparación ya se ha acabado, en prácticamente todos los temas de negociación
ya estamos empezando a trabajar sobre propuestas concretas. Ambas partes han
puesto ya sus cartas sobre la mesa”, asegura Ignacio García-Bercero, el jefe de
la delegación europea en las negociaciones. García- Bercero participó a
principios de mes en un seminario sobre el acuerdo comercial en Santander y
allí se reunió con EL PAÍS.
Europa pone
el acento en el acceso a los contratos públicos
Son todavía
trabajos técnicos, “necesarios para preparar el campo para las decisiones
políticas que se tendrán que tomar más adelante”, como explica el negociador,
pero que ya afloran las dificultades de acuerdo. “Todo lo que se refiere a
explorar las posibilidades de reconocimiento mutuo, equivalencias en sectores
como el automóvil o el farmacéutico son temas complejos. Ahí hay que tener
creatividad para ver cómo se puede establecer puentes para mejorar la cooperación
reglamentaria sin pretender cambiar el enfoque de cada una de las partes”. Uno
de los nudos gordianos de la negociación es el interés de los europeos en
eliminar la discriminación en los concursos de obras públicas en Estados
Unidos, lo que viene determinado por la legislación americana del Buy American,
comprar productos americanos.
“No hay
ningún tipo de exigencia en la legislación europea sobre que las compras
públicas deban tener un cierto contenido de productos europeos. Ese tipo de
legislación no existe en Europa, mientras que en EE UU para contratos públicos
importantes, sobre todo en infraestructuras de transporte, existe un mandato de
que cierto porcentaje de los contratos públicos debe ser de fabricación
americana. Por eso damos mucha importancia a que esa discriminación no se
mantenga y que, en definitiva, el Buy American se pueda convertir en un Compra
Transatlántico, que puedas competir igualmente con productos europeos o
americanos”.
La
filtración de unos documentos de la negociación, en los que se abría la puerta
a la gestión hospitalaria por parte de empresas estadounidenses, extremo negado
por los negociadores europeos, ha forzado a los gobiernos a pronunciarse al
respecto y a rechazar tal posibilidad.
“En
principio, si hay servicios públicos prestados por empresas privadas
normalmente esos servicios podrán ser prestados también por empresas americanas
porque no hay discriminación. Pero la decisión de base, si se decide abrir o no
un servicio a la competencia privada esa es una decisión soberana de cada
Estado que no va a verse afectada por nuestros acuerdos transatlánticos porque
en todos nuestros acuerdos de comercio hay unas reservas específicas al
respecto. No es una decisión que pueda ser impuesta por el acuerdo, es una
competencia nacional. Lo que hablamos respecto a las compras públicas no es
tanto de hospitales o educación. Estamos hablando fundamentalmente del sector
de las infraestructuras de aeropuertos, ferrocarriles, metro, que son grandes
contratos donde las empresas españolas tienen una posición competitiva fuerte y
donde actualmente las empresas solo pueden participar en una licitación si los
materiales que utilizan son americanos”, explica García-Bercero.
“Los
riesgos existen pero el compromiso político es fuerte”, dice García-Bercero
El acuerdo
corre el riesgo de ser poco ambicioso, ya que Estados Unidos ha excluido al
sector financiero de las materias de acuerdo, por cuestiones puramente
políticas explican expertos del sector que no forman parte de las
negociaciones. “No tenemos la más mínima intención de poner en tela de juicio
la reglamentación americana sobre servicios financieros, la ley Dodd-Frank. Lo
que nos parece lógico es que los reguladores de ambas partes tengan en cuenta
lo que están haciendo los otros reguladores y que, por tanto, los reguladores
estadounidenses y europeos se consulten en una etapa temprana del desarrollo de
la reglamentación, examinen cuáles son las posibilidades de hacer
reglamentaciones que sean compatibles o equivalentes y, si ese es el caso, que
se llegue a algún tipo de reconocimiento de equivalencia”.
Los plazos
para la negociación son muy ajustados. El objetivo es alcanzar un acuerdo para
2015 y una de las incógnitas para lograrlo es si el presidente Obama contará
con la TPA, que dé garantías a la UE de que lo que se acuerde no será
modificado por el Congreso de EE UU. “La fase actual de la negociación no es un
problema que el presidente Obama carezca de la autoridad comercial porque hay
mucho trabajo técnico aún por delante pero cuando haya que discutir los
problemas políticamente más difíciles es muy difícil hacerlo si no tiene la
garantía de que la otra parte lo que la administración acuerde no pueda ser
modificado por el Congreso”.
Para los
legisladores europeos es fundamental garantizar que las negociaciones no van a
suponer una merma de derechos sociales y laborales ni de los estándares
climáticos. El nuevo Parlamento cuenta con un mayor número de diputados que
rechazan estas negociaciones pero los dos grupos mayoritarios de la Cámara, el
Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, han expresado su apoyo al
acuerdo.
“Los
riesgos de fracaso siempre existen. Pero creo que el compromiso político detrás
de esta negociación es muy fuerte por ambas partes y son conscientes de que
fracasar en este ámbito tendría un impacto muy negativo sobre la relación
transatlántica. Estoy seguro de que se hará lo necesario para que la
negociación llegue a buen puerto”.
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